Soy del criterio,
alejado tengo la impresión de la gran mayoría de los ciudadanos y ciudadanas,
de que la POLÍTICA sigue siendo la solución a los grandes problemas de nuestro tiempo.
Eso sí, otra POLÍTICA, otro mercado político, otra forma de hacer política.
Es por ello que
reclamo la necesidad de nuevas actitudes en política, la transformación de los
partidos políticos en verdaderas herramientas de gestión para los intereses
ciudadanos, el acercamiento de la vida política y de la vida de los políticos a
la vida de los ciudadanos de a pié, como modelos y ejemplos a seguir, liderando
los colectivos. Cambios estos que han de producirse por acuerdos normativos de
amplia base entre las fuerzas políticas o por la decisión unilateral, de no alcanzarse
el deseado acuerdo, y aplicación a sí mismos, de quienes estén convencidos de
la bondad y utilidad de esa, para mí, prioridad. Un nuevo mercado político y
unas nuevas ofertas políticas.
El compromiso, el
esfuerzo, la transparencia, la honestidad, la integridad, el respeto, la
colaboración entre administraciones y la defensa de los intereses generales
mayoritarios, con respeto a las minorías, han de ser valores y actitudes
comunes a todos frente a las lógicas diferencias ideológicas en las propuestas
políticas a los ciudadanos. La gestión política, los resultados, la evaluación
del desempeño en las responsabilidades de cada cual en el papel que la
democracia (la votación de los electores) les de, han de ser los niveles de
medición de nuestros gestores políticos. Qué dije y qué hago; cómo lo hago y
qué resultados obtengo. Quizás con ello se produjera un cambio en el
alejamiento de la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas a la política, del que
tanto se quejan los partidos políticos.
Para todo lo anterior,
que será motivo de otra reflexión, me parece fundamental la revisión, reformas
en positivo, de las competencias de los diferentes niveles administrativos, la
lealtad y colaboración institucional y la sanción o penalización, con el mayor
de los rigores, cuando no se cumplan
esos consensos normativos alcanzados.
No es razonable que
todas las administraciones se exijan unas a otras el cumplimiento de supuestas,
o reales, competencias entre sí, al mismo tiempo que prometen, y en algunos
casos hasta gestionan, aquellas que no tienen, mientras las propias, en muchas
ocasiones, están sin atender o cubrir.
Ayuntamientos que
reclaman mediante acuerdos plenarios la solución a los transgénicos, al cambio
climático o el inicio o finalización de concretos acuerdos internacionales,
prometen impulsar una carretera, construir un hospital o un centro de mayores y
gestionan recursos para el empleo, mientras no pagan sus servicios sociales,
tienen conflictos en la recogida de basuras o bien no responden a los grupos de
la oposición sobre los problemas locales que se le plantean.
Comunidades
Autónomas que incumplen leyes básicas del Estado en materia de dependencia o no
atienden plenamente sus competencias educativas, construyen aeropuertos y no
reducen estructuras propias ociosas mientras reclaman al Estado más recursos.
Diputaciones
arbitrarias en el reparto de los recursos entre las poblaciones menores de
20.000 habitantes que deben atender con carácter preferente, mantienen colegios
mayores, centros de día, negocian para sí convenios laborales privilegiados
frente a las administraciones locales que han de asesorar técnica, económica o
materialmente, y desarrollan planes de fomento de empleo sin coordinarse con la
administración competente en dicha materia y, por supuesto, mantienen en mal
estado carreteras provinciales de su exclusiva competencia.
Un Estado que, sin
inmutarse y unilateralmente, instrumenta sus competencias básicas y de
coordinación en cualquier materia para vaciar de contenido las del resto de
administraciones, rompiendo consensos básicos y necesarios para el interés
general, en una actitud recentralizadora contraria a la legislación vigente.
Parece, por tanto,
necesario, en defensa de una buena gestión pública y siendo partidario de la
descentralización administrativa y de una gestión eficaz, eficiente y
colaborativa, reflexionar detenidamente sobre estas situaciones y tomar
decisiones de reorganización administrativa y de gestión, clarificación de las
responsabilidades propias y las compartidas y la necesaria colaboración y
lealtad institucional entre las administraciones, ejercitando la pedagogía
política para la mayor comprensión ciudadana de las responsabilidades de cada
cual, que estos conozcan cada vez más y con mayor claridad los diferentes
niveles competenciales y facilitar, así, a la ciudadanía, una exigencia más
directa del cumplimiento de los mismos sin que se utilice la fácil artimaña de
embarrar todo y reclamar al otro antes de ejercitar lo propio. Finalmente,
habría que llevar a cabo una redistribución de los recursos existentes y de las
capacidades fiscales y recaudatorias para el sostenimiento de las competencias
de cada cual, acorde con esa nueva situación, y ponernos todos a trabajar por y
para el ciudadano y los intereses colectivos.
Si no es así,
seguiremos encontrándonos que cuando el desempleo se incrementa, que no es más
que más ciudadanos con necesidades y con problemas, comienza el fuego cruzado
de las responsabilidades como arma arrojadiza y nadie sabe a quién exigirlas
pues, si se reduce, hasta el propio ayuntamiento tiene la osadía de adjudicarse
el mérito con el actual reparto competencial.
Quizás puedan hasta
sonreírse muchos de ustedes y me consideren un ingenuo, pero es que estoy
convencido de la necesaria regeneración ética de la POLITICA para una salida entre
todos de situaciones complejas y difíciles, y para ello unas nuevas reglas de
nuestro necesario mercado político, y unas actitudes éticas, me parecen
imprescindibles.
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