miércoles, 27 de agosto de 2014

Mercado Político I. Por Camilo Buendía

Cádiz, agosto de 2014
Soy del criterio, alejado tengo la impresión de la gran mayoría de los ciudadanos y ciudadanas, de que la POLÍTICA sigue siendo la solución a los grandes problemas de nuestro tiempo. Eso sí, otra POLÍTICA, otro mercado político, otra forma de hacer política.
Es por ello que reclamo la necesidad de nuevas actitudes en política, la transformación de los partidos políticos en verdaderas herramientas de gestión para los intereses ciudadanos, el acercamiento de la vida política y de la vida de los políticos a la vida de los ciudadanos de a pié, como modelos y ejemplos a seguir, liderando los colectivos. Cambios estos que han de producirse por acuerdos normativos de amplia base entre las fuerzas políticas o por la decisión unilateral, de no alcanzarse el deseado acuerdo, y aplicación a sí mismos, de quienes estén convencidos de la bondad y utilidad de esa, para mí, prioridad. Un nuevo mercado político y unas nuevas ofertas políticas.
El compromiso, el esfuerzo, la transparencia, la honestidad, la integridad, el respeto, la colaboración entre administraciones y la defensa de los intereses generales mayoritarios, con respeto a las minorías, han de ser valores y actitudes comunes a todos frente a las lógicas diferencias ideológicas en las propuestas políticas a los ciudadanos. La gestión política, los resultados, la evaluación del desempeño en las responsabilidades de cada cual en el papel que la democracia (la votación de los electores) les de, han de ser los niveles de medición de nuestros gestores políticos. Qué dije y qué hago; cómo lo hago y qué resultados obtengo. Quizás con ello se produjera un cambio en el alejamiento de la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas a la política, del que tanto se quejan los partidos políticos.
Para todo lo anterior, que será motivo de otra reflexión, me parece fundamental la revisión, reformas en positivo, de las competencias de los diferentes niveles administrativos, la lealtad y colaboración institucional y la sanción o penalización, con el mayor de los rigores,  cuando no se cumplan esos consensos normativos alcanzados.
No es razonable que todas las administraciones se exijan unas a otras el cumplimiento de supuestas, o reales, competencias entre sí, al mismo tiempo que prometen, y en algunos casos hasta gestionan, aquellas que no tienen, mientras las propias, en muchas ocasiones, están sin atender o cubrir.
Ayuntamientos que reclaman mediante acuerdos plenarios la solución a los transgénicos, al cambio climático o el inicio o finalización de concretos acuerdos internacionales, prometen impulsar una carretera, construir un hospital o un centro de mayores y gestionan recursos para el empleo, mientras no pagan sus servicios sociales, tienen conflictos en la recogida de basuras o bien no responden a los grupos de la oposición sobre los problemas locales que se le plantean.
Comunidades Autónomas que incumplen leyes básicas del Estado en materia de dependencia o no atienden plenamente sus competencias educativas, construyen aeropuertos y no reducen estructuras propias ociosas mientras reclaman al Estado más recursos.
Diputaciones arbitrarias en el reparto de los recursos entre las poblaciones menores de 20.000 habitantes que deben atender con carácter preferente, mantienen colegios mayores, centros de día, negocian para sí convenios laborales privilegiados frente a las administraciones locales que han de asesorar técnica, económica o materialmente, y desarrollan planes de fomento de empleo sin coordinarse con la administración competente en dicha materia y, por supuesto, mantienen en mal estado carreteras provinciales de su exclusiva competencia.
Un Estado que, sin inmutarse y unilateralmente, instrumenta sus competencias básicas y de coordinación en cualquier materia para vaciar de contenido las del resto de administraciones, rompiendo consensos básicos y necesarios para el interés general, en una actitud recentralizadora contraria a la legislación vigente.
Parece, por tanto, necesario, en defensa de una buena gestión pública y siendo partidario de la descentralización administrativa y de una gestión eficaz, eficiente y colaborativa, reflexionar detenidamente sobre estas situaciones y tomar decisiones de reorganización administrativa y de gestión, clarificación de las responsabilidades propias y las compartidas y la necesaria colaboración y lealtad institucional entre las administraciones, ejercitando la pedagogía política para la mayor comprensión ciudadana de las responsabilidades de cada cual, que estos conozcan cada vez más y con mayor claridad los diferentes niveles competenciales y facilitar, así, a la ciudadanía, una exigencia más directa del cumplimiento de los mismos sin que se utilice la fácil artimaña de embarrar todo y reclamar al otro antes de ejercitar lo propio. Finalmente, habría que llevar a cabo una redistribución de los recursos existentes y de las capacidades fiscales y recaudatorias para el sostenimiento de las competencias de cada cual, acorde con esa nueva situación, y ponernos todos a trabajar por y para el ciudadano y los intereses colectivos.
Si no es así, seguiremos encontrándonos que cuando el desempleo se incrementa, que no es más que más ciudadanos con necesidades y con problemas, comienza el fuego cruzado de las responsabilidades como arma arrojadiza y nadie sabe a quién exigirlas pues, si se reduce, hasta el propio ayuntamiento tiene la osadía de adjudicarse el mérito con el actual reparto competencial.

Quizás puedan hasta sonreírse muchos de ustedes y me consideren un ingenuo, pero es que estoy convencido de la necesaria regeneración ética de la POLITICA para una salida entre todos de situaciones complejas y difíciles, y para ello unas nuevas reglas de nuestro necesario mercado político, y unas actitudes éticas, me parecen imprescindibles.

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