Legalidad y Justicia por Camilo Buendía

Noviembre de 2014.-Tras una tumultuosa semana por las masivas detenciones de la denominada Operación Púnica y los nuevos pasos judiciales de la trama Gurtel, cuyas consecuencias aún están por ver en toda su dimensión, los ciudadanos y ciudadanas parecen estar cada vez más alejados de la política actual tal cual la entendemos. Quizás, para mayor concreción, estén alejados de los grandes partidos que han ejercido el poder desde la recuperación democrática y han gestionado nuestra democracia desde sus inicios, y no tanto de la cosa pública ni de la política. La desafección hacia el sistema y los grandes partidos es muy preocupante como para no tomarla en serio, mirar para otro lado, o seguir actuando de la misma forma y manera a como tradicionalmente, hasta no hace mucho, se actuaba porque se entendía que así se podía actuar. Y por supuesto no me refiero a comportamientos ilegales o delictivos, sino a actitudes, por acción u omisión, de quiénes se tendrían que poner al frente de esta necesaria regeneración. Eso es lo que dicen las encuestas y los sondeos de última hora que conocemos y, también, lo que dice el sentido común y mucha gente en la calle. Y es que el cansancio nos invade y el desapego nos condiciona ante la ausencia de respuestas efectivas y claras por parte de aquellos en quienes, en muchos casos, aun querríamos poder confiar.

Son muchos los problemas que nos acucian y a los que hay que dar solución entre todos, pero son demasiados los casos que nos preceden que día tras otro alejan a la ciudadanía de la confianza en nuestro actual sistema de reglas y convivencia: Púnica, Pokémon, Campeón, Bravo, Pujol, Palau-Millet, Fabra, Tótem, EREs, Formación, Seseña, Bárcenas, Gürtel, Tarjetas B, Nóos, Malaya, Pacheco, Sandokán…casos, operaciones, tramas… llamémoslo como queramos y, por supuesto, no todos son iguales ni tienen la misma pretensión enriquecedora, pero todos forman parte de un cúmulo de irregularidades e ilegalidades para los que hemos de exigir legalidad y justicia. Redes empresariales corruptoras y políticos que se dejan corromper o políticos que, a sabiendas o por ignorancia inexcusable, delinquen a las obligaciones y deberes de su cargo. El daño político es el mismo aunque las consecuencias penales sean diferentes y graduables en cada uno de ellos, pero en todos las hay y, por tanto, a todos ellos legalidad y justicia. Todas están en ese pantanoso terreno del ámbito público y los intereses privados, en ese repugnante terreno del irregular beneficio privado desde posiciones egoístas y lo más alejadas del interés general y público. Y eso, que nunca desaparecerá del todo, tiene que pasar a ser la excepción y no dejarnos la sensación de ser lo normal, lo habitual. La satisfacción de que la legalidad funciona cuando estas situaciones están en las portadas de los periódicos y en los medios de comunicación no es suficiente y no siempre consuela, aunque bienvenida sea, pero mejor sería que no existieran o que se pusieran los medios para impedirlas, detectarlas con mayor antelación y, posteriormente, juzgarlas con rigor y sin excepciones y que se imparta justicia.

Y considero que es ahí donde no se está acertando o no se tiene voluntad de entrar. Que el partido en el gobierno diga que sobre corrupción ha hecho todo lo que podía hacer es irrisorio y cínico. Que el partido de la oposición diga que son un ejemplo de transparencia por colgar en la red sus cuentas, es ingenuo y tardío. No son esas respuestas las que esperamos los electores, los ciudadanos de a pié, los sostenedores del sistema en todos sus aspectos.

Se hace necesaria una profunda revisión de nuestras estructuras de Estado y nuestras normas de convivencia desde una visión y una actitud política que respondan a los retos y demandas sociales actuales de forma novedosa y comprometida.

¿Conocer los ingresos y bienes de las organizaciones políticas y de nuestros responsables públicos?, sí, por supuesto, además de que se prohíban las donaciones de empresas o personas físicas relacionadas con subvenciones públicas o contratos públicos, se prohíba la condonación de créditos a las organizaciones políticas, se tipifique de una vez por todas el delito de financiación ilegal de los partidos, se despolitice el tribunal de cuentas, se sometan a auditorías internas y externas las organizaciones sostenidas con fondos públicos con periodicidad, se modifique el sistema electoral para hacer más comprometido el voto individual, se limiten los mandatos a cualquier nivel de la administración,  se revise el sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial, se reduzcan los aforamientos, se inhabiliten para el ejercicio de responsabilidades públicas a todos aquellos condenados por corrupción, se impida  la presencia en las listas electorales de imputados por corrupción, etc, etc, etc... y menos indultos o sucedáneos de este, y nunca a delitos por corrupción, por ejemplo.

Voluntad política, compromiso ideológico y social, ética individual y colectiva y valores sociales y universales para la revisión de la L.O. del Poder Judicial, L.O. de los Partidos Políticos, L.O. de Régimen Electoral, L.O. del Código Penal, etc, etc, etc.

Respeto a la legalidad sí, pero para ser cada vez más justos. No siempre la legalidad es sinónimo a justicia y, para ello, un simple ejemplo: “sólo se ha aplicado la legalidad”, dicen los voceros del gobierno ante el nuevo régimen penitenciario de semilibertad que se aplicará a Jaume Matas al concederle Instituciones Penitenciarias (o sea el Gobierno) el 3er. grado tras una condena por tráfico de influencias y estando aún pendiente de varias imputaciones en otros casos abiertos contra el expresidente balear y ello, a pesar del informe en contra de la propia prisión. La base legal el art. 31.1 del Reglamento Penitenciario: “tiene la competencia exclusiva para decidir, con carácter ordinario o extraordinario, la clasificación y destino de los reclusos en los distintos establecimientos penitenciarios, sin perjuicio de las atribuciones de los Jueces de Vigilancia en materia de clasificación por vía de recurso”. Los motivos argüidos: el tiempo cumplido en relación con el tiempo de la condena, el tiempo de la condena de sólo nueve meses, la buena conducta, la posibilidad de actividad laboral en el exterior, etc. Todos ellos dentro de la legalidad, pero ¿justos?. Esa misma legalidad que lo prevé también lo condiciona a un “podrá”, y es ahí donde no dice la verdad el Gobierno pues si “puede”, también “puede no”. El optar por la decisión tomada no contribuye a recomponer la confianza ciudadana y sí a considerarla como arbitraria y encubierta del indulto que no se le concedió cuando tras la condena lo solicitó, por lo que pierde la potencialidad de ser “justa” y, en fin, para seis escasos meses que le quedaban ¿por qué impedir su cumplimiento a costa de generar de nuevo desconfianza social?.

En situaciones de excepcionalidad de esos delitos en el sistema bien “podría” ser justa la decisión tomada con la pretendida voluntad de reinserción, pero en la sensación de convivencia generalizada con corruptelas que estamos viviendo resulta contraproducente para la  regeneración del propio sistema.